Las comunidades que instalen contadores individuales podrán beneficiarse de las ayudas del Gobierno
El Gobierno elimina el eximente de no rentabilidad para que todas las comunidades con calefacción central que estén obligadas a hacer el cambio de contadores lo hagan.
Las comunidades con calefacción central tendrán que devolver parte de la subvención si en un año no instalan contadores individuales
La nueva tarifa de gas regulada que aprobó este martes el Consejo de Ministros para las comunidades tendrá en cuenta aquellos vecindarios con calefacción central que ya han cambiado sus contadores de colectivo a individual, en cada uno de sus pisos.
Las comunidades de vecinos con calefacción central podrán acogerse ya este otoño a una nueva tarifa regulada del gas, que recortará su factura hasta un 50%. Se beneficiarán de una nueva tarifa de último recurso (TUR) hasta 1,7 millones de hogares que el Gobierno calcula que existen con este sistema, pero no a todas se aplicará de la misma manera. Aquellas que en septiembre de 2023 no hayan aplicado la ley que las obliga a cambiar el contador colectivo por contadores individuales se verán penalizadas con el 25% del ahorro que hayan acumulado desde que se acogieron a la nueva tarifa.
Estos son los términos de la nueva tarifa de gas vecinal que se incluye en el decreto-ley que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros y que se establece como el nuevo instrumento con el que el Gobierno espera que las comunidades de vecinos puedan ahorrarse hasta un 50% de lo que pagan de gas para la calefacción central.
Se trata de una nueva tarifa de último recurso, la TUR 4 -y sucesivas categorías, hasta 11, en función del tamaño de la comunidad y su patrón de consumo- que será temporal y estará en vigor hasta diciembre de 2023. Permitirá que las comunidades de vecinos, que hasta ahora quedaban fuera de la TUR 3 por superar el consumo anual máximo de 9.000 kilovatios, estén también cubiertas por unas tarifas reguladas, que fija el Gobierno cada tres meses y que se estima que supondrá un ahorro de casi 900 euros por vecino y año, si se comparan con la oferta más baja que hacen las comercializadoras de electricidad en el mercado libre.
Se cubrirá el 100% del consumo de gas de cada comunidad siempre que esté en la media de consumo de los cinco años anteriores. Para evitar que una rebaja de la factura lo dispare, todo lo que esté por encima de esta media tendrá un incremento del 25% en la tarifa regulada.
El Gobierno compensará este ahorro a cargo de los Presupuestos Generales del Estado para compensar a las comercializadoras de tarifa de último recurso por la diferencia entre estos precios regulados y el precio real del gas pero a cambio quiere que esta nueva tarifa suponga un aliciente para que las comunidades cumplan la ley de 2020 y sustituyan los contadores colectivos de calefacción por contadores individuales, que permitirán a cada vecino saber exactamente cuál es su consumo.
Según la norma, están obligadas a ello todas las comunidades que se edificaron antes de 1981 -cuando se empezaron a construir con contadores individuales- y quedan fuera las que se sitúen en las zonas climáticas A y B, la más cálidas -Canarias, Baleares, Extremadura, costa de Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana-, así como aquellos vecindarios en los que el cambio no fuera posible por motivos técnicos o no fuera rentable económicamente. Con un calendario con distintos plazos en función de la ubicación o el número de vecinos, los últimos expiran en marzo y mayo de 2023.
El Gobierno calcula que de los 1,7 millones de hogares, solo 400.000 han hecho ya el cambio a contador individual y ahora dará una prórroga al resto hasta septiembre de 2023. Asimismo, elimina el eximente de no rentabilidad para que todas las comunidades que estén obligadas a hacer el cambio de contadores lo hagan. Quedarán fuera aquellas en las que no sea técnicamente posible o las que no estén obligadas por estar en zona climática A y B. Si no, se les aplicará un “recargo” del 25% en el término variable sobre el consumo en el momento en el que se acogieron a la TUR vecinal.
A las comunidades que todavía no tengan contadores individuales se les exigirá una declaración responsable -acordada en las juntas de vecinos, por ejemplo- a la hora de solicitar la nueva TUR vecinal, en la que se comprometerán a hacer el cambio antes de que termine septiembre de 2023. Si no lo hacen para entonces, se les aplicará el recargo del 25%. Para beneficiarse de la nueva tarifa, además, tendrán que estar al día en la revisión de la caldera.
De momento, en cuanto entre en vigor el decreto-ley que se ha aprobado este martes, las comunidades podrán solicitar esta nueva tarifa regulada a las mismas comercializadoras de tarifa de último recurso que tramitan las tres TUR que ya existen. Este instrumento expirará cuando termine 2023, fecha hasta la que el Gobierno también prorroga el límite de 67 euros Mhw al que las eléctricas puede cobrar la luz, el mecanismo con el que minora los beneficios de las eléctricas por las renovables y que hasta ahora tenía una vigencia hasta diciembre de 2022.
